Derecho y Recursos electrónicos: Westlaw

En tanto que el tiempo va progresando, el Derecho ha encontrado en los recursos electrónicos un medio para disponer fácilmente de la legislación coetánea, bajo la intención de adaptar la sociedad de información, y promover el razonamiento jurídico. Uno de esos recursos se trata de la página Westlaw.

Westlaw es un servicio de investigación jurídica para abogados y profesionales, que incluye más de 40.000 bases de datos jurisprudenciales , estatales y federales, estatutos , códigos administrativos, periódicos y artículos de revistas, registros públicos, diarios, revistas jurídicas de derecho, tratados,y otras formas jurídicas..

El servicio, permite realizar la búsqueda sobre todos los documentos de Legislación, Jurisprudencia, Bibliografía, Convenios...A los que accederemos como resultado de la búsqueda, obteniendo una Lista de documentos relacionados con los preceptos que precisamos encontrar.



Encontramos las opciones de:

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Documento de Jurisprudencia

Para ver documentos, a la izquierda están las distintas opciones que descansan sobre las pestañas.

A continuación mostraremos un vídeo que ejemplifica lo anteriormente citado:

Nos pareció esencial comentar esta página, pues se trata sin duda, de una de las páginas por antonomasia para cualquier jurista, dada su extensa base de datos y la facilidad de acercamiento de la información, a la que se puede acceder, tras pagar una pequeña tasa por su utilización.

Comentario de sentencia: Juez Garzón.

La sentencia que a continuación comentaremos , "Sentencia Nº: 79/2012" con fecha del 9 de febrero de 2012, ha condenado , por prevaricación al Juez Garzón a 11 años de in-habilitación para los cargos de juez o magistrado. 

Los precedentes, expuesto en la sentencia dictan que en Febrero de 2009, BALTASAR GARZON REAL, Juez con categoría de Magistrado, bajo el cargo de Magistrado, Juez del Juzgado Central del Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, fue se querellado, por la representación de Ignacio Peláez Marqués. En dicha querella se refieren hechos que imputaban al mismo y constituían delito de prevaricación por art. 446.3 del Código Penal ( delito cometido por funcionario público de uso de artificios de escucha y grabación, con violación de las garantías constitucionales del (art. 536, pfo 1º del Código Penal).

La argumentación que el Tribunal Supremo utiliza para condenar a Garzón, se sustenta en los siguientes pilares:

"Las comunicaciones de los internos con el abogado defensor o con el abogado expresamente llamado en relación con asuntos penales y con los procuradores que lo representen, se celebrarán en departamentos apropiados y no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo" (artículo 51,2 CP)

 “El Juez o Magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta será castigado: (…) Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años, cuando dictara cualquier otra sentencia o resolución injustas.” (articulo 446 CP)

Desde la particular impresión de los hechos, las acciones cometidas por el Baltasar Garzón a pesar de moverse en territorios tan Maquiavelicos como socialmente reprobados,  responden al fin último de mejorar la seguridad de un espectro social, que cada día parece obviar más que el paradigma del mundo cambió durante el transcurso de la última década. Los organismos competentes deberían revisar la legislación e incluir excepciones en los casos donde la seguridad nacional esté sobre el terreno, antes de que en un futuro próximo, obliguen a otro Juez de prestigio a realizar una jugada sucia, propia de justicieros de cómic en lucha contra las jaulas del sistema normativo, para alcanzar un hecho de germinación virtuosa para el ratio social, pero restringido por el propio sistema.

Cuestionario sobre la Corona española.

Presentación - Caso Nóos

Justicia rebaja las tasas judiciales y las elimina en varios casos.

Una de las últimas locuras fruto de la mente del gobierno, las tasas judicicales, entradas en vigor el pasado 17 de diciembre se verán reducidas en un 80%  y eliminadas en casos de desahucios y divorcios pactados, tras un acuerdo con la Defensora del pueblo.

El derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita - se sostenía el pasado noviembre en el boletín oficial del estado, y del que no pocos mostraron sus particulares reflexiones (vía la opinión de málaga)

Dicha afirmación se contraponía según portavoces del partido socialista con el artículo 24 de la carta Magna: 

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
   
   
2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
   La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

La opinión socialista  presentó un recurso de insconstitucionalidad alegando:

"Hay muchos ciudadanos que no pueden ejercer el derecho constitucional de acceso a la tutela judicial"... "debilita la democracia, quiebra el Estado de Derecho y hace mucho más vulnerables a los ciudadanos de este país en la defensa de sus derechos"

Tras amplios y sonados movimientos y el anteriormente citado recurso de anticonstitucionalidad, el gobierno parece haber entrado en “razón", y en lo que corresponde a temas de separaciones, las tasas serán eliminadas en su totalidad salvo en casos en los que no exista un acuerdo entre las partes; caso en el que se abonarán 168 euros entre su parte fija y variable. Por su parte, para el resto de personas físicas la tasa, pasará del 0,50% a un 0,10 del valor del litigio. Pero la buena noticia recaerá sobre los desahuciados, pues en un proceso de ejecución hipotecaria las tasas quedarán completamente excluidas de la coyuntura, fomentando una resolución fuera de un espectro judicial.

Desde este blog consideramos las medidas insuficientes, cuyo primordial objetivo es calmar al pueblo ante la ineptitud de sus gobernantes, que quieren privatizar la justicia.

vía europapress

Cine y derecho: 5 películas recomendables

12 Hombres sin piedad (1957) 

Una de las primeras citadas en varias listas de las mejores películas de la historia y la obra maestra del director Sidney Lummet. Un sobresaliente drama judicial donde doce hombres decidirán el destino de un joven acusado de asesinato.

Ficha en Filmaffinity
Video subido por Subido por Kinetoscopia.

JFK (1991)

Probablemente el mejor filme de Oliver Stone desde su faceta de realizador y guionista. La fascinante investigación sobre el asesinato de Kennedy es un navío comandado por un mayúsculo Kevin Costner.

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Video subido por zhukaiww.

Las dos caras de la verdad (1996) 

Otro notable drama de judicial, con gran ritmo narrativo y consecución de una atmósfera de suspense. Richard Gere es un abogado que decide ocuparse de un joven acusado de asesinar al arzobispo de Chicago, un genial Edgard Norton.

Ficha en Filmaffinity
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Sleepers(1996) 

Una de las mejores piezas del irregular Barry Levinston que toca el tema del abuso de menores. Muy buena.

Ficha en Filmaffinity
Video subido por Grigore Constantin

Algunos hombres buenos (1992) 

Interesante película escrita por el siempre extraordinario Aaron Sorkin. Un drama judicial localizado en el marco del ejercito americano.

Ficha en Filmaffinity
Videosubido por Acadium Net

Reformas, no recentralización

En respuesta al diputado del Grupo Vasco Aitor Esteban, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha manifestado su convencimiento de que las medidas del Ejecutivo están siendo respetuosas con la distribución competencial. A este respecto ha asegurado que "no es mi pretensión recentralizar nada, pero sí hacer reformas".

Para Rajoy, "tanto el Gobierno como las comunidades tenemos la facultad y la obligación de velar por el respeto al reparto de competencias que hace la propia Constitución. Es normal que haya recursos, pero también es obligado que haya diálogo"

En este sentido ha mostrado su disposición a hablar a con el Gobierno vasco de las discrepancias que pueda haber sobre las futuras normas de régimen local o de unidad de mercado.

Fuente:  Noticias Jurídicas