Una de las últimas locuras fruto de la mente del
gobierno, las tasas judicicales, entradas en vigor el pasado 17 de diciembre se
verán reducidas en un 80% y eliminadas
en casos de desahucios y divorcios pactados, tras un acuerdo con la Defensora
del pueblo.
El derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita - se sostenía el pasado noviembre en el boletín oficial del estado, y del que no pocos mostraron sus particulares reflexiones (vía la opinión de málaga)
Dicha afirmación se contraponía según portavoces del partido socialista con el artículo 24 de la carta Magna:
- Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
- Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.
La opinión socialista presentó un recurso de insconstitucionalidad alegando:
"Hay muchos ciudadanos que no pueden ejercer el derecho constitucional de acceso a la tutela judicial"... "debilita la democracia, quiebra el Estado de Derecho y hace mucho más vulnerables a los ciudadanos de este país en la defensa de sus derechos"
Tras amplios y sonados movimientos y el anteriormente citado recurso de anticonstitucionalidad, el gobierno parece haber entrado en “razón", y en lo que corresponde a temas de separaciones, las tasas serán eliminadas en su totalidad salvo en casos en los que no exista un acuerdo entre las partes; caso en el que se abonarán 168 euros entre su parte fija y variable. Por su parte, para el resto de personas físicas la tasa, pasará del 0,50% a un 0,10 del valor del litigio. Pero la buena noticia recaerá sobre los desahuciados, pues en un proceso de ejecución hipotecaria las tasas quedarán completamente excluidas de la coyuntura, fomentando una resolución fuera de un espectro judicial.
Desde este blog consideramos las medidas
insuficientes, cuyo primordial objetivo es calmar al pueblo ante la ineptitud
de sus gobernantes, que quieren privatizar la
justicia.
vía europapress
